En una decisión sin precedentes que responde a la presión social y a las críticas por el ejercicio del gasto público, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron que no utilizarán los vehículos de lujo recientemente adquiridos por el alto tribunal.
Esta flotilla, cuya compra fue revelada apenas el jueves pasado, representó una inversión superior a los 25 millones de pesos, una cifra que encendió el debate sobre la austeridad en el Poder Judicial.
A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el máximo tribunal del país informó que se ha instruido iniciar de inmediato el proceso administrativo para la devolución de las unidades.
En caso de que la devolución no sea factible bajo los términos contractuales con el proveedor, la Corte buscará poner los vehículos a disposición de juezas, jueces o magistrados que, por la naturaleza de sus funciones en zonas de alta peligrosidad, enfrenten riesgos reales que justifiquen el uso de unidades con blindaje especializado.
Esto costaron las camionetas de la SCJN
La renovación de la flotilla consistió en la adquisición de nueve camionetas Jeep Cherokee, vehículos que en el mercado comercial tienen un valor que oscila entre los 800 mil y un millón 700 mil pesos por unidad. Sin embargo, el costo final se elevó considerablemente debido a los requerimientos de seguridad institucional, ya que cada vehículo debía contar con un nivel de blindaje capaz de proteger la integridad de los togados ante posibles atentados.
A pesar de que la SCJN defendió inicialmente la compra bajo el argumento de que contaba con opiniones técnicas de autoridades federales —las cuales advertían que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad y comprometían la operación del tribunal—, la percepción ciudadana obligó a replantear la estrategia.
“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, señalaron los integrantes del pleno en su declaración conjunta.
Reiteran el compromiso con la austeridad
La decisión de devolver las camionetas de la SCJN ocurre en un contexto político donde el presupuesto del Poder Judicial se encuentra bajo un escrutinio constante.
El Alto Tribunal enfatizó que, aunque la adquisición no fue una consideración discrecional sino una medida de prevención institucional, la sensibilidad ante el momento que vive el país exige acciones de austeridad congruentes.
Para profundizar en los detalles técnicos de la devolución y el destino final de los recursos recuperados, el Máximo Tribunal adelantó que el día de mañana se llevará a cabo una conferencia de prensa en sus instalaciones.
En este ejercicio de transparencia, se espera que se aclare si existirá alguna penalización económica por la cancelación del contrato y cómo se garantizará la seguridad de los ministros con los vehículos que actualmente tienen en uso, los cuales, según los dictámenes previos, ya resultan obsoletos.
Este paso atrás de la Suprema Corte marca un hito en la relación del Poder Judicial con la opinión pública, enviando un mensaje de que la seguridad institucional no debe estar reñida con la responsabilidad financiera.
El desenlace de esta controversia será clave para la imagen de la Corte en lo que resta del año 2026.
