La tensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz ha dado un giro institucional. Teherán ha formalizado la creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), un organismo diseñado para centralizar el tráfico marítimo en esta vía estratégica. A través de esta nueva entidad, Irán pretende gestionar permisos de navegación y aplicar el cobro de peajes a buques extranjeros, consolidando un control que busca ser permanente en la arquitectura de su política exterior.
El anuncio, difundido por medios estatales como Press TV y la agencia Tasnim (vinculada a la Guardia Revolucionaria), coincide con la suspensión de la “Operación Proyecto Libertad” por parte del gobierno de Donald Trump. Dicha misión estadounidense, que pretendía escoltar navíos mercantes ante el bloqueo iraní, tuvo una vigencia de apenas 48 horas antes de ser retirada.
Un modelo de gestión inspirado en el Canal de Suez
Bajo la nueva normativa, las naves que deseen transitar por esta arteria deben solicitar autorización previa vía correo electrónico y acatar directrices que emulan el funcionamiento del Canal de Suez. Según filtraciones del proyecto de ley que actualmente tramita el Parlamento iraní, los peajes se calcularán basándose en el tonelaje, el tipo de carga y el valor de la embarcación.
Un punto crítico de esta medida es la exigencia de garantías bancarias en riales, la moneda nacional iraní. Aunque la ley aún espera la ratificación del pleno parlamentario —un paso considerado de trámite debido al dominio conservador en la cámara—, el vicepresidente del Legislativo, Hamidreza Haji Babaei, sugirió que algunos buques ya habrían comenzado a realizar estos pagos. Periodistas especializados como Fereshteh Sadeghi y Ali Hashem señalan que las tarifas podrían ser sustanciales; se reportó que un mercante de bandera japonesa habría abonado cerca de dos millones de dólares para obtener el paso.
Implicaciones militares y restricciones políticas
La estructura de la PGSA estará subordinada al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, dividiendo la vigilancia entre el ejército regular y la Guardia Revolucionaria. El borrador legal establece que el 30% de la recaudación por peajes se destinará directamente a fortalecer las capacidades militares del país.
Sin embargo, el derecho de paso no será igualitario. El texto normativo es explícito en sus prohibiciones:
- Veto total a Israel: Se prohíbe el tránsito a buques militares o mercantes del “régimen sionista”, así como a cualquier barco cuyo origen o destino sean puertos en territorios ocupados.
- Sanciones a “Estados enemigos”: Las restricciones se extienden a países que hayan impuesto sanciones a Irán o que mantengan posturas hostiles hacia el denominado Eje de la Resistencia, incluyendo a grupos como Hezbolá y los Huthíes de Yemen.
- Protocolo de nomenclatura: Todo navío deberá referirse a la zona exclusivamente como “Golfo Pérsico” en sus comunicaciones oficiales, omitiendo términos como “Golfo Árabe”.
El incumplimiento de estas normas podría derivar en la incautación del buque y multas equivalentes al 20% del valor de la mercancía. Mientras tanto, el portal Axios indica que estas medidas llegan en un momento de intensas negociaciones, donde un posible memorando de paz entre Washington y Teherán podría estar cerca de firmarse, buscando levantar el bloqueo mutuo que asfixia el comercio energético global.
