La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con figuras cuyos antecedentes combinan la teoría académica, la práctica internacional y la experiencia legislativa. Entre ellas destaca Loretta Ortiz Ahlf, abogada mexicana nacida en la Ciudad de México el 24 de febrero de 1955, cuya labor en el ámbito jurídico abarca casi cuatro décadas de especialización orientada a la protección de las garantías fundamentales, el derecho internacional público y la tutela de sectores vulnerables en el país.
Rigor académico e investigación de vanguardia
Ortiz Ahlf obtuvo su título de licenciada en Derecho con tesis laureada. Su interés por el estudio profundo del marco legal la llevó a cursar la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, posgrado en el que también obtuvo mención especial por su trabajo. Posteriormente, alcanzó el grado de doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, donde su investigación fue reconocida con la distinción máxima Cum Laude.
A la par de su formación, ejerció la docencia en instituciones de alto nivel académico. Estuvo al frente del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana durante casi una década y fue catedrática en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana y el Instituto Matías Romero. Su proyección internacional incluye impartir cátedra en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en Países Bajos, así como en la Escuela de Derecho Whittier en California, Estados Unidos. Además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) Nivel III, es autora de múltiples obras especializadas en migración, tratados internacionales y justicia.
Gestión pública y vida legislativa
Antes de integrarse de lleno al Poder Judicial de la Federación, construyó una sólida carrera dentro de la administración pública. Se desempeñó como asesora del Consultor Jurídico en la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Dirección General Adjunta del Banco de México. Asimismo, ejerció la función de consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del TLCAN y fue consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el ámbito político y legislativo, fue diputada federal entre 2012 y 2015, así como representante en el Constituyente redactor de la Constitución de la Ciudad de México entre 2016 y 2017. En 2018 asumió la coordinación de los foros nacionales de pacificación, previos al inicio del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante ese mismo período, presentó su renuncia explícita a la militancia partidista con el fin de priorizar la neutralidad en sus pretensiones dentro del órgano judicial. Su labor judicial formal inició tras ser designada Consejera de la Judicatura Federal en noviembre de 2019.
Designación en la SCJN, entorno personal y familiar
El 23 de noviembre de 2021, el Senado de la República la ratificó como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cubrir la vacante dejada por Fernando Franco González Salas, asumiendo funciones formalmente el 12 de diciembre del mismo año. Con su nombramiento, se convirtió en la cuarta mujer en integrarse al Pleno en ese período. Su criterio jurisdiccional ha sobresalido por mantener posturas favorables a la constitucionalidad de reformas en materia de soberanía energética y seguridad, además de participar activamente en la reestructuración del modelo de procuración de justicia nacional.
En el ámbito personal y familiar, ha mantenido reserva de su entorno cercano, destacando su relación con el jurista, académico y servidor público José Agustín Ortiz Pinchetti, quien en vida fungió como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), cuya trayectoria combinó la teoría jurídica, el ejercicio parlamentario y una defensa sistemática de las garantías individuales.
Recientemente la magistrada estuvo en el ojo público debido a que se retiró su implante coclear para defender los derechos de las personas con discapacidad.
