El empresario Ricardo Salinas Pliego se pronunció sobre el adeudo fiscal que, de acuerdo con el Gobierno federal, deberá resolverse en enero próximo.
En respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum, el dueño de Grupo Salinas afirmó que su objetivo es cerrar este episodio y dar por concluidas las diferencias con las autoridades fiscales.
En un mensaje difundido en su cuenta de X, Salinas Pliego sostuvo que, desde su perspectiva, ha existido disposición para alcanzar una salida institucional al conflicto.
“Por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro”, escribió.
En atención a lo expresado por la presidente hoy en la mañanera, considero importante precisar la postura de @gruposalinas.
Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para…— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2025Lectura recomendada:TEPJF prevé invalidar amparo de Salinas Pliego por spot de Morena
Salinas Pliego, a la espera de información oficial del SAT
El empresario señaló que la postura de su grupo consiste en aguardar a que, en enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) precise por escrito los fundamentos del adeudo que la autoridad estima en 31 mil millones de pesos. Indicó que resulta necesario contar con un desglose detallado y transparente de los cálculos que sustentan esa cifra.
De acuerdo con Salinas Pliego, solo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución definitiva.
“Cerrar este tema de manera institucional y fortalecer el Estado de derecho que el país necesita”, agregó en su publicación.
¿Cuáles son los argumentos de las empresas de Salinas Pliego?
El empresario reiteró que existe voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente correspondan. Afirmó que dicha disposición se refleja en el pago de más de 285 mil millones de pesos al fisco durante el periodo que abarca la controversia.
Precisó que las diferencias se concentran en las pérdidas fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013, que fueron declaradas improcedentes por resoluciones judiciales.
En particular, mencionó los recargos y actualizaciones, al señalar que una parte relevante de esos montos deriva de interpretaciones y actuaciones de la propia autoridad fiscal que dieron origen al litigio y que se prolongaron por los tiempos del sistema judicial.
RB
