Tras una serie de protestas y un paro de labores que movilizó a diversas sedes de los tribunales y juzgados del Poder Judicial de la Federación, el panorama dentro de los órganos de impartición de justicia experimentó un giro definitivo. La inconformidad colectiva surgió a raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de un instrumento normativo enfocado en medir el rendimiento del personal de carrera. Dicho texto generó profunda preocupación entre los empleados debido a que sus lineamientos abrían la puerta a posibles interpretaciones punitivas, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de miles de personas servidoras públicas adscritas al sector.
Negociaciones y los acuerdos alcanzados
Ante la presión generada por las movilizaciones y el cierre temporal de actividades en múltiples oficinas de la Ciudad de México y otros puntos del país, las autoridades entablaron mesas de diálogo con los representantes sindicales.
En estas reuniones se revisaron minuciosamente los puntos más álgidos del documento original. Como resultado del entendimiento mutuo, se determinó suprimir de tajo cualquier facultad de evaluación extraordinaria que pudiera ser solicitada discrecionalmente por los titulares de las áreas, además de ajustar aquellos porcentajes que dependían de criterios subjetivos para garantizar una medición transparente y objetiva.
A partir de este martes 10 de noviembre se reincorporarán a sus actividades todos los trabajadores y normalizar las actividades en todos los tribunales y juzgados del país.
Abrogación del acuerdo y la normalización de labores
Cumpliendo con los compromisos establecidos entre la representación sindical y los mandos directivos, el Pleno del Órgano de Administración Judicial formalizó la derogación total del instrumento inicial. Con esta medida se disipó el temor a despidos o sanciones injustificadas derivados de las revisiones de desempeño, lo que permitió restablecer por completo la operación cotidiana en los órganos jurisdiccionales del país y garantizar la continuidad en la atención a la ciudadanía.
“El pleno determinó abrogar el Acuerdo General por el que se regula el proceso de evaluacióndel desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”, refiere el documento que elimina dicho acuerdo.
La resolución de este conflicto deja al descubierto el permanente desafío que enfrenta la administración pública al intentar implementar procesos de modernización administrativa. Aunque la evaluación de desempeño y la profesionalización son elementos clave para fortalecer la eficiencia en los servicios públicos, su aplicación requiere consensos claros que no vulneren los derechos adquiridos ni la certeza del personal. Este acontecimiento marca un antecedente -y el camino a seguir por parte de los inconformes- para futuras reformas operativas dentro de las instituciones, subrayando la importancia de construir esquemas de medición consensuados que equilibren la exigencia de calidad en la atención a la sociedad con el respeto pleno a las condiciones de trabajo.
