El panorama educativo y sindical en México actualmente enfrenta un momento tenso debido a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes protestan por una serie de exigencias que no terminan de convencer a los maestros y maestras que forman parte de sus filas. Entre el pliego petitorio, resalta una exigencia medular e inapelable: la desaparición definitiva de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), órgano encargado de regular el desarrollo profesional docente.
Origen de la “polémica” herramienta
La USICAMM fue creada originalmente -en 2019- durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estructurada como el pilar de su reforma educativa con la finalidad de sustituir al extinto Servicio Profesional Docente. Las funciones primordiales de este organismo consisten en:
- Administrar y vigilar los procesos de ingreso, promoción, asignación de plazas.
- Reconocimiento de los trabajadores de la educación en el territorio nacional.
- Garantizar la transparencia laboral del sector.
Sin embargo, los agremiados disidentes sostienen una postura radicalmente opuesta a los objetivos oficiales de la institución. Para ellos, este mecanismo no representa una verdadera transformación, sino que reproduce de manera sistemática las prácticas punitivas e injustas instauradas en la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto. Los inconformes argumentan que las evaluaciones vulneran gravemente los derechos laborales adquiridos e ignoran las complejas realidades de las escuelas rurales e indígenas del país.
Exigencias eternas y moneda de cambio
Ante el incremento de bloqueos viales, marchas y plantones en estados como Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, las autoridades del Gobierno Federal, encabezadas por la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Mario Delgado, de la Secretaría de Educación Pública (SEP); y Martí Batres, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), han cedido terreno para destrabar el conflicto y en la negociación está puesta la desaparición total de la USICAMM, así como una ruta de trabajo legislativa a través de una iniciativa formal ante el Congreso de la Unión.
La estrategia gubernamental planteada al magisterio propone la instalación de una mesa plural de diagnóstico técnico para edificar un nuevo marco normativo de carácter bilateral. Con este esquema conjunto, se pretende que los propios representantes de los maestros participen de forma directa en el escalafón, los ascensos y la asignación de plazas, con el objetivo de erradicar los vicios de corrupción del pasado, asegurando una estabilidad laboral a partir de enero de 2027, pero dejando cuestionamientos abiertos respecto a si el magisterio como juez y parte tendrá la capacidad de autoevaluarse de forma eficiente y acorde a los avances educativos que el país requiere o su desempeño respecto a otros países u organismos.
Aunque el ofrecimiento de las autoridades representa un “avance histórico” para las demandas de los docentes, la CNTE, mantiene bajo análisis la suspensión de sus jornadas de lucha social que también son igual de históricas y recurrentes en cada sexenio. El desenlace del conflicto magisterial dependerá del cumplimiento riguroso con los plazos legales establecidos.
