La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó preventivamente las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta medida automática responde a alertas bancarias tras la emisión de órdenes de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, descartando, por el momento, una investigación directa de la UIF contra el mandatario.
UIF aplica bloqueo automático a cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa
Durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró la situación jurídica y financiera que enfrenta el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya. Ante los cuestionamientos de la prensa, la mandataria detalló que la inmovilización de fondos responde a protocolos financieros internacionales y no a una línea de investigación local.
Sheinbaum instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera a emitir un comunicado oficial detallado para desglosar el procedimiento administrativo.
UIF emite comunicado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó incorporar de forma preventiva a diversas Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa dentro de su Lista de Personas Bloqueadas. Esta medida administrativa responde directamente a los recientes alertamientos generados de forma automática por las propias instituciones que integran el sistema financiero mexicano.
Los bloqueos de activos ocurrieron tras difundirse públicamente los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre supuestos vínculos institucionales con el narcotráfico. Por ello, las autoridades hacendarias buscan mitigar riesgos financieros y cumplir rigurosamente con los protocolos internacionales.

Mecanismos de prevención internacional en el sistema financiero
La presidenta enfatizó que la acción de la UIF forma parte de una serie de “mecanismos automáticos” que se activan en el sistema bancario cuando existen alertas internacionales de seguridad. El origen de la restricción proviene directamente de una orden de aprehensión girada por las autoridades judiciales de Estados Unidos en contra de diez personas.
Al respecto, la mandataria descartó que la institución fiscalizadora mexicana mantenga una indagatoria propia enfocada en el mandatario estatal. Las medidas cautelares se ejecutaron bajo un carácter estrictamente preventivo para cumplir con los estándares internacionales de lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Reportes periodísticos contradicen el bloqueo total de fondos
A pesar de la confirmación presidencial sobre la naturaleza preventiva de la alerta, persisten versiones encontradas dentro del gremio periodístico respecto al estado actual de los activos financieros del mandatario sinaloense. Víctor Hugo Michel, Director de Información de Multimedios, en días pasados habría señalado mediante sus plataformas digitales que las cuentas bancarias de Rocha Moya continuaban operando con normalidad.
El comunicador expuso que un oficio federal con fecha del pasado 13 de mayo llegó a diversas entidades bancarias del país. No obstante, especificó que el documento instruye explícitamente a las instituciones a “no bloquear” los fondos de manera definitiva, contradiciendo parcialmente el estatus del congelamiento automático.

Indagan patrimonio de la familia Rocha
Aunque el reporte periodístico descarta un bloqueo total inmediato, Víctor Hugo Michel confirmó que la federación sí mantiene abierta una carpeta de investigación administrativa. Esta auditoría no solo abarca al gobernador, sino que se extiende directamente a su primer círculo familiar.
Los cuatro hijos del funcionario estatal que se encuentran bajo el radar de las autoridades hacendarias son:
- Ricardo Rocha
- Rubén Rocha
- Eneyda Rocha
- José de Jesús Rocha
El Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene graves acusaciones
El trasfondo legal que detonó la alerta financiera en México se origina en los expedientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las agencias de seguridad en Washington ligan directamente la campaña electoral del actual mandatario con la delincuencia organizada que opera en el Pacífico mexicano.
La acusación formal indica que Rubén Rocha Moya habría recibido apoyo logístico, financiero y operativo de la facción conocida como “Los Chapitos”, una de las células más visibles del Cártel de Sinaloa, con el propósito de asegurar su triunfo en los comicios para la gubernatura del estado durante el año 2021.
Acuerdos de impunidad y solicitudes de extradición
Los fiscales estadounidenses sostienen en los tribunales de Nueva York que, a cambio del financiamiento político, la administración estatal sinaloense otorgó presuntamente esquemas de protección institucional e impunidad para las operaciones de narcotráfico de dicha organización criminal.
Los expedientes desclasificados en las cortes federales de Nueva York sugieren que los funcionarios implicados en esta red enfrentan cargos de extrema gravedad. Las penalidades contempladas en la legislación estadounidense para este tipo de delitos federales podrían derivar en sentencias de cadena perpetua, razón por la cual Washington ya formalizó las solicitudes de extradición hacia la Ciudad de México.
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