El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó de forma positiva sus estimaciones de desempeño económico para México, fijando en 1.5% su proyección de avance del Producto Interno Bruto (PIB) para el presente año.
Dicho ajuste representa una mejora de tres décimas frente a la estimación previa de 1.2% emitida a mitad de año, situando las perspectivas del organismo en una franja cercana a los cálculos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Factores de aceleración y desaceleración económica
De acuerdo con las observaciones preliminares del equipo técnico del organismo multilateral, la mejora en el panorama productivo responde al impulso derivado de políticas monetarias y fiscales menos restrictivas dentro del país. A su vez, la dinamización de las exportaciones orientadas hacia Estados Unidos ha servido como motor secundario para sostener el ritmo de la actividad económica nacional. Para el ciclo posterior, el FMI anticipa una expansión del 1.9%, respaldada en parte por el desarrollo de proyectos públicos de infraestructura.
A pesar del sesgo favorable en las cifras, la entidad financiera identificó una serie de condicionales externas e internas que podrían frenar la trayectoria esperada. Entre los elementos de mayor peso destacan:
- La incertidumbre operativa generada por la próxima revisión del T-MEC.
- Las modificaciones en los marcos regulatorios locales.
- El proceso gradual de consolidación fiscal.
A este escenario se suman variables internacionales complejas como:
- Las tensiones geopolíticas globales.
- El incremento en los costos de financiamiento internacional.
- La posibilidad de fricciones comerciales adicionales.
Recomendaciones para atraer inversión productiva
Para mitigar la volatilidad y afianzar un crecimiento sostenido a mediano plazo, el informe del organismo enfatiza la urgencia de fortalecer la seguridad jurídica y la certidumbre en las reglas del juego para el capital privado. Los especialistas destacan que ampliar la apertura hacia la iniciativa privada en sectores clave, más allá de las reformas iniciales en el ámbito energético, resultará determinante.
Asimismo, subrayan que cualquier impulso a la infraestructura debe acompañarse de avances sustantivos en el combate a la corrupción, la reducción de la informalidad laboral y la consolidación del Estado de derecho.
Los analistas del Fondo insistieron en que el gasto público destinado a las grandes obras de infraestructura deberá gestionarse con estricta disciplina fiscal, asegurando que los megaproyectos no comprometan la estabilidad de las finanzas públicas a mediano plazo ni rebasen la capacidad de absorción de la propia economía mexicana.
