El presidente Donald Trump anunció la implementación de una vigilancia rigurosa sobre las transferencias monetarias transfronterizas. El republicano enfatizó de manera contundente que su administración “no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación”.
La orden ejecutiva estipula que las transferencias de fondos de bajo valor, mecanismo comúnmente empleado para el envío de remesas, han sido explotadas para el financiamiento del terrorismo, el tráfico de personas y el contrabando de narcóticos como el fentanilo. Las nuevas directrices obligarán a las firmas bancarias a robustecer sus programas de identificación del cliente de manera inmediata.
Alertas financieras y el vínculo con los cárteles en México
La Casa Blanca justificó estas acciones fiscales basándose en análisis recientes de inteligencia financiera. De acuerdo con el documento emitido por el Ejecutivo, se han detectado centros de operaciones monetarias vinculados directamente con organizaciones criminales latinoamericanas y redes internacionales de lavado de dinero:
“Los análisis de tendencias financieras han revelado centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo en Estados Unidos, vinculados a cárteles con sede en México. Un análisis reciente de redes chinas de lavado de dinero identificó como titulares de pasaportes extranjeros han utilizado cuentas en Estados Unidos para facilitar el lavado de más de 312 mil millones de dólares para organizaciones criminales, destacando la trata de personas entre las actividades asociadas a las transferencias. Se necesitan programas sólidos de identificación del cliente y medidas de debida diligencia reforzadas para mitigar estos riesgos”.
Bajo este nuevo esquema de fiscalización, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitirá una advertencia formal a todo el sector bancario. La administración catalogó como señales de alerta (red flags) la utilización de plataformas de pago de persona a persona (P2P), procesadores de terceros y negocios de servicios monetarios no registrados que busquen evadir los umbrales de reporte que dicta la Ley de Secreto Bancario.
Restricciones al consumo y revisión de identificaciones consulares
La normativa no solo afecta el envío de remesas, sino que impactará el otorgamiento de servicios financieros básicos. El gobierno estadounidense advirtió que los bancos comerciales deben vigilar los riesgos crediticios al otorgar hipotecas, tarjetas de crédito o préstamos automotrices a personas en condición de deportación, debido al peligro latente de que pierdan sus salarios.
Las instituciones bancarias poseerán la autoridad legal para exigir información adicional sobre el estatus migratorio legal y la autorización de empleo de los cuentahabientes con el fin de mitigar fraudes o evasión de sanciones.
Finalmente, el decreto presidencial adelanta que se evaluarán exhaustivamente los riesgos de seguridad que representan las tarjetas de identificación consular extranjeras. Otorga un plazo improrrogable de 60 días para que los reguladores financieros federales publiquen las guías definitivas de gestión de riesgo sobre la población no autorizada para trabajar.
