El Gobierno de los Estados Unidos mantiene bajo estricto esquema de confidencialidad un conjunto de investigaciones criminales dirigidas contra la estructura del narcotráfico en México.
Actualmente, las autoridades judiciales norteamericanas sostienen cuatro acusaciones vigentes en contra de una o varias personas presuntamente vinculadas con la organización delictiva del Cártel de Sinaloa; sin embargo, estos expedientes de la corte federal aún permanecen bajo reserva y no han sido abiertos al escrutinio público.
La revelación de esta información judicial fue detallada por el periodista especializado en temas de seguridad, Arturo Ángel, durante una entrevista concedida en el espacio informativo de la periodista Azucena Uresti.
En dicha intervención, el reportero precisó que el despliegue de recursos jurídicos por parte de la Unión Americana ha sido constante durante los últimos meses para documentar las operaciones de la delincuencia organizada.
Funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos nexos con ‘Los Chapitos’
A diferencia de los casos que permanecen bajo reserva, existen carpetas de investigación de este bloque que ya fueron formalmente reveladas por los tribunales estadounidenses.
Entre las acusaciones que ya adquirieron carácter público destaca de manera nítida una lista que incluye directamente a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza, exsecretario de Gobierno local; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y otros siete exservidores públicos adscritos a diversas instituciones de seguridad del estado de Sinaloa, todos señalados por presuntos nexos operativos con la facción de “Los Chapitos”.
“Van nueve acusaciones en total que se han presentado desde mediados de 2023 hasta este año (2026). En cada una de esas acusaciones, Estados Unidos ha imputado delitos a una o más personas”, comentó el periodista Arturo Ángel a Azucena Uresti.
Respecto a las indagatorias que no han sido abiertas, las primeras versiones institucionales apuntan a que las acusaciones restantes corresponderían a operadores logísticos y empresarios presuntamente relacionados con el lavado de dinero y el crimen organizado; no obstante, debido al estatus de reserva legal, no existe información oficial pública que confirme la identidad de los nuevos implicados.
Los escenarios legales para abrir los expedientes secretos de EU.
El periodista aclaró que no se cuenta con una precisión metodológica sobre los nombres específicos que aparecen en las cuatro actas de acusación pendientes de revelar.
No obstante, detalló que por la naturaleza de las investigaciones previas, estas podrían involucrar de igual forma a traficantes de drogas de alto perfil, operadores financieros, cuadros políticos en activo o funcionarios del orden público, repitiendo el patrón procesal observado en el expediente del mandatario sinaloense Rocha Moya.
Finalmente, Arturo Ángel detalló que el marco legal de los Estados Unidos contempla únicamente dos escenarios jurídicos viables para que estas acusaciones dejen de estar selladas y se difundan en los medios informativos: el primer escenario radica en que las personas imputadas sean detenidas por las fuerzas de seguridad; el segundo escenario depende estrictamente de que el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos tome la determinación administrativa de hacer pública la acusación de forma anticipada.
